Dos operarios que trabajaban en el yacimiento Cerro Negro, situado en la localidad santacruceña de Perito Moreno, fallecieron en abril del 2024. A casi un año del hecho, todavía se investigan las causas. Se trata de Rosana Paola Ledesma y Daniel Alberto Ochoa, de 48 y 26 años, ambos eran parte del área de Servicios Técnicos del yacimiento y fallecieron mientras realizaban sus tareas habituales en el interior de la mina.
La mina es explotada por la corporación norteamericana Newmont, propietaria del yacimiento que tiene alrededor de 1500 mineros trabajando. Es a su vez la mayor minera de oro mundial por volumen de producción. Tras conocerse la muerte de los operarios, varias voces se alzaron para denunciar que la empresa oculta información y se niega a entregar la documentación necesaria para certificar lo sucedido, a la vez que declara que los trabajadores podrían haberse encontrado en un “área prohibida” en el momento de su fallecimiento, pretendiendo hacer responsables a las propias víctimas de la inseguridad laboral de sus muertes.
"Son varios responsables y hay una intención de encubrirlos. Desde la empresa les quisieron echar la culpa a ellos, tratándolos de irresponsables. Además tienen el apoyo del sindicato que nuclea a todos los trabajadores mineros", denunció Gisela Ochoa, hermana de Daniel, uno de los trabajadores fallecidos.
Si bien la empresa en un comunicado declaró que “está comprometida con los más altos estándares para una minería segura y sostenible en todas sus operaciones”, se sabe que falta la presentación de un certificado de análisis físico, químico y bacteriológico del agua para el consumo de todo el personal del yacimiento de Cerro Negro. También se le pidió a empresa la presentación de un informe de medición de gases del mismo 9 de abril, ya que hay información de que en el lugar donde ambos trabajadores fallecieron podrían haber “vestigios de múltiples gases al momento no identificados”.
"Hubieron muchas fallas ese día que llevaron adelante estas muertes, que se podrían haber evitado", señaló Ochoa.
Desde diversas organizaciones vienen denunciando la complicidad entre la empresa y el estado, "una complicidad que permite a los empresarios priorizar las ganancias antes que la vida de los trabajadores, que son expuestos a condiciones de trabajo precarias que desencadenan estos hechos lamentables por los que la patronal nunca termina pagando las consecuencias".
