Este martes expusieron ante la Comisión Bicameral de Trámite Parlamentario cuatro funcionarios del Ministerio de Economía: el virtual viceministro José Luis Daza, Pablo Quirno (Finanzas), José García Hamilton (secretario Legal y Técnico de Economía) y Marcelo Griffi (director del BCRA). Los funcionarios no se salieron del libreto y no dieron detalles sobre la letra chica del acuerdo con el FMI, al argumentar que todavía no está cerrado.
El que llevó la voz cantante de las exposiciones fue Quirno. El funcionario no avanzó en más precisiones que las que ya figuran en el DNU. Allí sólo se anticipa que se trata de un acuerdo de facilidades extendidas, con un plazo de gracia de cuatro años y medio sin pagos de capital al organismo y que el dinero recibido se usará para cancelar letras intransferibles, vieja deuda que el Tesoro (Ministerio de Economía) mantenía con el Banco Central y cubrir vencimientos con el organismo. Nada dice sobre los montos ni las tasas del nuevo endeudamiento.
Los diputados Martín Tetaz y Nicolás Massot intentaron, en vano, que los funcionarios den mayores detalles, en particular sobre cuál será el monto total del crédito que desembolsará el FMI en este nuevo programa y, de esos fondos, cuánto se destinará a cancelar las letras intransferibles y cuanto a la reprogramación de la deuda, como así también el costo financiero total.
Massot, por su parte, le reprochó a los funcionarios de Economía que el Poder Ejecutivo haya apelado a un DNU para ratificar este nuevo acuerdo cuando la ley de sostenibilidad de la deuda, aprobada en 2022, exige una norma aprobada por el Congreso para autorizar toda operación de crédito público entablada con el Fondo.
“Esto no es menor, estamos sentando un precedente bastante nocivo. Se raya la falta de legalidad que el Congreso autorice una operación de crédito público sin que figure cuál es el monto máximo. Eso no está estipulado en este DNU”, enfatizó Massot quien, al igual que Tetaz, insistió en saber cómo se van a valuar las letras intransferibles en manos del BCRA que el Tesoro pretende comprar con los fondos del FMI.
“Hay todavía situaciones que no están definidas –se excusó Quirno-. El monto total no es una situación de capricho, es una decisión que la debe tomar el directorio del Fondo. La secuencia de desembolsos está también a definir porque depende del monto final”.
Quirno, al igual que García Hamilton, justificaron que se haya utilizado un DNU porque, a su juicio, están dadas las situaciones de necesidad y urgencia. “La urgencia está dada por la situación en la que se encuentra el balance del Banco Central”, enfatizó Quirno, a lo que Daza agregó: “La urgencia es dar un paso adelante para terminar de estabilizar la economía y terminar la pobreza. Es clave para la estabilidad darle solvencia al Banco Central. Es importante salir cuanto antes de esta situación”.
Por su parte, el secretario de Política Económica de la Nación, José Luis Daza Narbona, amplió que este programa “es exactamente opuesto a todos los que se hicieron”. “Hay pocos países que han logrado, en la manera que hizo Argentina, el restablecimiento de los desequilibrios macroeconómicos para llegar a una posición mucho más robusta”, remarcó.
De igual modo, explicó que "tenemos una situación muy poco común: tenemos equilibrios macroeconómicos, pero tenemos la fragilidad del Banco Central y esa fragilidad es la que va a resolver este programa”. “Este programa nos permitirá bajar los costos de financiamiento para todas las personas y reducir las chances de caer en una crisis hiper inflacionaria”, destacó el secretario de Política Económica.
