Tras seis horas de debate, el oficialismo obtuvo una importante victoria en la Cámara de Diputados con el blindaje del decreto de necesidad y urgencia 179/25, por el cual el Poder Ejecutivo se autorizó a sí mismo negociar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Tal como se esperaba, La Libertad Avanza contó con el acompañamiento de bloques aliados, dialoguistas y provinciales, mientras que del lado del rechazo quedaron Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, 7 miembros de Democracia para Siempre y el santacruceño Sergio Acevedo. Se especulaba una gran adhesión del Cuerpo, pero el resultado fue con lo justo.

La votación cosechó 129 votos a favor, 108 en contra y 6 abstenciones. De esta manera, de acuerdo indica la Ley 26.122, el DNU quedó refrendado al contar con la aprobación de una de las dos cámaras del Congreso, ya que la normativa establece que debe ser rechazado por ambas cámaras para perder vigencia. Una contradicción que atenta contra el sistema republicano, pues impone menos condiciones al PEN para legislar que al mismo Congreso.

¿Cómo votaron los tucumanos?

Los diputados que representan al pueblo de la provincia de Tucumán se volcaron mayoritariamente (7 a favor, 2 en contra) a acompañar la propuesta del presidente Javier Milei, algo que no sorprendió a nadie. Se trata de un resultado que se repitió con frecuencia con la actual conformación del cuerpo desde diciembre del 2023 y que probablemente se volverá a repetir, al menos, hasta diciembre de este año.

De este modo, los que acompañaron el DNU de Milei fueron los 3 miembros del bloque Independencia: Agustín Fernández, Elia Fernández de Mansilla, Gladys Medina; los radicales Mariano Campero y Roberto Sánchez; el libertario Gerardo Huesen; y Paula Omodeo, de Creo. Mientras que votaron en contra, siguiendo los lineamientos de su bloque Unión por la Patria, Carlos Cisneros y Pablo Yedlin.

¿Qué establece el DNU 179/25?

Por el artículo 1ro. del decreto se aprueban “las operaciones de crédito público contenidas en el Programa de Facilidades Extendidas a celebrarse entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Fondo Monetario Internacional, las que tendrán un plazo de amortización de 10 años”.

Tales operaciones serán destinadas a la cancelación de las letras intransferibles en dólares en poder del Banco Central y las operaciones de crédito público celebradas en el marco del Programa de Facilidades Extendidas del 2022, según indica el artículo 2 del DNU.

Los otros artículos son de forma, de modo tal que todo el conocimiento acerca del nuevo acuerdo con el FMI se limita a lo dos primeros párrafos. Si vale aclarar que en la justificación de la emisión del DNU, el Gobierno cita como causales de "excepción" para evitar el trámite ordinario del Congreso, un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la que se avala el dictado de un DNU cuando  “situaciones de grave trastorno amenacen la existencia, la seguridad o el orden público o económico".

En ese sentido, argumenta "que la necesidad manifiesta de cancelar operaciones de crédito público vigentes con el FONDO MONETARIO INTERNACIONAL y cancelar una parte sustancial de la deuda asumida con el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA para fortalecer su posición financiera, garantizar la estabilidad macroeconómica, el acceso de la REPÚBLICA ARGENTINA a los mercados de crédito internacionales, la disminución de las restricciones cambiarias y la reducción de la inflación hace necesario aprobar de forma urgente las operaciones de crédito público en el marco del Programa de Facilidades Extendidas a ser celebrado con el referido organismo internacional".

Y agrega: "Que, en ese sentido, la volatilidad de las variables económicas generada por la incertidumbre que provoca la baja calidad del activo del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA impide seguir el trámite ordinario de las leyes sin que pueda verse afectado el éxito del programa de estabilización económica, que impacta de manera directa en la disminución de la inflación y la reducción de la pobreza".

Claramente, el Gobierno entiende que la situación de estabilidad macroeconómica del país pende de un hilo, a pesar de la política de ajuste y disciplinamiento fiscal que se lleva adelante desde diciembre del 2023. La caída de las reservas internacionales que provoca la intervención del BCRA para evitar la disparada del valor de los dólares paralelos, la tímida recuperación de la actividad económica y la incertidumbre de los mercados globales derivada de la guerra comercial impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ponen en aprietos al plan económico oficial, al punto de considerar necesario una aprobación "urgente" de una nueva deuda con el FMI para poder sostener el actual rumbo económico.

Por otro lado, el DNU 179/25 confirma que el nivel de reservas del BCRA no es el "deseable" o el suficiente para liberar las restricciones cambiarias "sin comprometer los logros alcanzados", ya que con el nivel actual la entidad monetaria no puede desarrollar "el pleno ejercicio de sus facultades y obligaciones legales".

Asimismo, pone de manifiesto la falta de confianza del Gobierno en la capacidad de las actividades exportadoras para generar divisas y en la disposición de las empresas para liquidarlas a los valores actuales. De allí que se apure la llegada de dólares frescos y la postergación de los pagos previstos al FMI, para evitar que la consecuente caída de las reservas por la intervención del BCRA en el tipo de cambio profundice "la falta de adecuación entre los pasivos de la autoridad monetaria y los activos externos líquidos", lo que "puede repercutir en la disminución del valor esperado de la moneda doméstica y, en consecuencia, en un posible aumento de la inflación".

En rigor, se puede deducir que para el Gobierno es necesario avanzar de manera urgente en una nueva operación de crédito con el Fondo, que permita equilibrar el balance del Banco Central, como una herramienta para alejar las posibilidades de caer en una nueva crisis inflacionaria. Queda claro, entonces, que el freno que manifestó el proceso desinflacionario en los últimos meses refleja las limitaciones de plan económico de Milei y Caputo. De allí que se torne necesario recurrir nuevamente al FMI para poder garantizar la estabilidad en el rumbo de la macroeconomía.