Con 124 presentes, fracasó por falta de quórum la sesión pedida por Unión por la Patria este miércoles por la tarde noche en la Cámara de Diputados para tratar una serie de proyectos relacionados con los jubilados y el inminente fin de la moratoria previsional. Horas después de la ratificación del DNU sobre el acuerdo con el FMI, y habiendo culminado los plenarios de comisiones relacionados con el criptogate, la oposición no consiguió que se vuelva a abrir el recinto.

La oposición reunió un total de 124 presentes. Por Unión por la Patria, bloque convocante, hubo 91 de 98. Tres de ellos faltaron por cuestiones personales, según se informó desde el bloque: Celia Campitelli, Blanca Osuna y Juan Manuel Pedrini. Mientras que los otros cuatro fueron los catamarqueños Fernanda Ávila, Silvana Ginocchio, Dante López Rodríguez y Sebastián Nóblega, que responden al gobernador Raúl Jalil. Éstos tampoco estuvieron presentes en la votación del DNU sobre el acuerdo con el FMI.

El resto de los bloques de la oposición aportaron 33 presentes. Por Democracia para Siempre bajaron al recinto 9 diputados; por Encuentro Federal lo hicieron 8; también dieron el presente los seis integrantes de la Coalición Cívica y los cinco del Frente de Izquierda. A último momento, bajaron las salteñas de Innovación Federal, Pamela Calletti y Yolanda Vega; y los radicales Julio Cobos y Natalia Sarapura, y el santafesino Mario Barletta, quien tiene su propio monobloque.

En el caso de los diputados tucumanos, solamente bajaron al recinto los integrantes de UP, Carlos Cisneros y Pablo Yedlin, que ya habían votado en contra del DNU de Javier Milei que autoriza un nuevo crédito con el FMI.

El resto de los diputados que representan al pueblo de la provincia de Tucumán decidieron acompañar la postura del presidente, cuyo plan económico depende en buena medida del ajuste a los jubilados, y se ausentaron, aportando al número de butacas vacías necesarias para que la sesión no prospere. En este caso, fueron los mismos que acompañaron el DNU de Milei: Agustín Fernández, Elia Fernández de Mansilla, Gladys Medina (bloque Independencia); los radicales Mariano Campero y Roberto Sánchez; el libertario Gerardo Huesen; y Paula Omodeo, de Creo.

Qué proyectos se ponían en debate

Entre las iniciativas se encuentra un Plan de Pago de Deuda Previsional, que amplía la prórroga de la vigencia del programa hasta el 2035. El fin de la moratoria previsional (23 de marzo) empuja a aquellas personas que estén dentro de la edad jubilatoria y no hayan concretado su mayoría de aportes a que tengan como única alternativa el cobro de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (que equivale al 80% de la jubilación mínima, que en marzo del 2025 es de $279.121). En simultáneo, otros dos proyectos (de Innovación Federal y de Unión por la Patria) solicitaron modificar la Ley 19.032 (del PAMI) de forma tal de garantizar la gratuidad de medicamentos esenciales.

Asimismo, hay otros tres proyectos que apuntan directamente a los ingresos inmediatos de los jubilados: una propuesta de bono extraordinario previsional; otro para concretar un incremento excepcional y de emergencia de jubilaciones y pensiones; y uno más para garantizar la ayuda económica previsional.

Minutos antes de la sesión, la cordobesa Gabriela Brouwer de Koning (UCR), titular de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, convocó a una reunión de comisión para el próximo 9 de abril con "el objetivo de empezar con el debate que atañe a los desafíos y desigualdades que enfrenta nuestro sistema previsional y avanzar en las reformas necesarias para construir un esquema más justo y equitativo". "Mientras algunos sectores acceden a haberes previsionales privilegiados, otros reciben ingresos que no garantizan una cobertura digna, lo que evidencia la necesidad de rediseñar las reglas del sistema para hacerlo más sostenible y equitativo", reconoció.

Vale aclarar que la convocatoria de UP se hizo a las apuradas (a menos de 24 horas antes del horario de inicio de la sesión) y aprovechando el marco que generó la dura represión a la movilización del pasado miércoles. No obstante, el debate sobre los haberes previsionales es oportuno, teniendo en cuenta que los jubilados de la mínima (un 70% del total) pierden poder adquisitivo todos los meses, ante la decisión del Gobierno de congelar el bono en $70 mil. Además, el resto del universo del sistema previsional se ve imposibilitado de mejorar sus ingresos y recuperar parte del terreno perdido en el pasado, debido a que la actualización se realiza tomando en cuenta el IPC y que se realiza con dos meses de rezago. De ese modo, los jubilados deben conformarse con no ser más pobres de lo que ya son, pero no tienen expectativas de mejora. A esa situación se suma que la medición del IPC se realiza en base a una encuesta desactualizada, por lo que arroja números inferiores a la realidad, provocando, de hecho, una pérdida del valor real de las jubilaciones mes a mes.

Por qué es urgente que se discuta el sistema previsional

Según dió a conocer la Defensoría de la Tercera Edad, la canasta básica de los jubilados para abril será de $1.200.523 y estará 75,2% por encima de un año atrás. La medición muestra que la jubilación mínima con bono no alcanzó a representar siquiera un tercio del ingreso necesario para afrontar la subsistencia.  “Los nuevos datos ratifican la situación de precariedad y miseria en la que se hunde cada vez más el sector”, dijo Eugenio Semino, defensor del pueblo de la Tercera Edad, tras dar a conocer el informe.

La medición incluye gastos de vivienda pero también contempla un listado de variables tales como mantenimiento de un inmueble propio, alquiler, y la vida de adultos mayores en pensiones. El rubro medicación contempla una variedad de medicamentos de diferentes patologías, considerando el descuento que se realiza en farmacias según la obra social de cada jubilado.

En marzo, las jubilaciones, pensiones y asignaciones recibieron un aumento de 2,21 por ciento. De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima (unos 4,5 millones de adultos mayores), junto con el bono de 70 mil pesos, recibirán 349.121,71 pesos. Las jubilaciones y pensiones que no superen los $349.121,71 recibirán un refuerzo de ingresos proporcional hasta alcanzar ese tope. Dicho monto no llega a representar ni un tercio de los $1.200.523 que necesitará en abril un jubilado para cubrir sus gastos. Peor aún es la situación de aquellos que perciben una Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que pasó a ser de $293.297,37.

A esta última categoría estarán condenados, a partir del 23 de marzo, los trabajadores que no hayan cumplido con los 30 años de aportes al sistema previsional argentino. Ese día vence la moratoria dispuesta por la Ley 27.705, que estuvo vigente desde marzo de 2023. Por decisión del Gobierno, La medida no será extendida, y no se habilitarán nuevas moratorias ni planes de pago para regularizar los aportes faltantes. Este vencimiento de la moratoria traerá consigo importantes cambios para el sistema previsional, afectando a miles de adultos mayores que, hasta el momento, habían podido jubilarse a través de este mecanismo. Se estima que 7 de cada 10 adultos mayores han accedido a su jubilación por medio de la moratoria vigente. En el caso de las mujeres, el impacto será aún mayor, ya que 9 de cada 10 mujeres utilizan la moratoria para jubilarse, de acuerdo con especialistas.

La solución a los problemas de los jubilados podría resolverse con la misma celeridad que el acuerdo con el FMI, si hubiera voluntad política. Al igual que en ese caso, el Gobierno podría argumentar el caracter urgente de la medida y adoptar por DNU una suba extraordinaria para los jubilados. Ya lo hizo el año pasado, cuando decidió modificar la fórmula de movilidad por decreto, argumentando que de ese modo se otorgarían mejores actualizaciones a los haberes. Pasado casi un año de ese DNU, la realidad mostró todo lo contrario: de haberse sostenido la fórmula anterior, las jubilaciones hubieran percibido una suba un 30% superior. Tal y como se hizo en junio, el Gobierno podría disponer una suba adicional tomando en cuenta la diferencia entre una fórmula y otra. Ante la falta de intenciones del Gobierno, debería ser el Congreso quien vele por la recuperación del poder adquisitivo de los jubilados. Otra salida es el Poder Judicial, que ya dió varias muestras de acompañar los reclamos de los jubilados, exhortando al Estado a mejorar sus ingresos. Claro está, los fallos aplican solo a quienes hacen la denuncia, lo que hace conveniente que la solución se otorgue por ley. Para ello, la oposición deberá reunir las 2/3 partes de cada Cámara para defender una eventual votación en contra del seguro veto presidencial, cómo ya ocurrió en 2024, cuando la oposición perdió la votación. Ese antecedente inmediato, lamentablemente, genera pocas expectativas.