Respaldados por la mayoría automática del oficialismo en la Legislatura, este jueves se aprobaron dos proyectos que llevan la firma del gobernador Osvaldo Jaldo y de su ministro de Economía, Daniel Abad, y que establecen modificaciones al Código Tributario provincial (ley 5.121) y a la Ley Impositiva (8.467).
Las modificaciones alcanzan temas relacionados con la figura del responsable sustituto, la verificación de saldos prescriptos y ajustes en los impuestos sobre los Ingresos Brutos y Sellos, entre otros, y se fundamentan en varios objetivos: modernizar disposiciones obsoletas, adaptarse a nuevas realidades fiscales y cerrar vacíos legales que afectan la recaudación.
Por un lado, se busca agilizar el cobro de impuestos en casos donde el contribuyente original no puede cumplir con sus obligaciones. Por otro lado, se optimizan los métodos de control y verificación de impuestos declarados para evitar pérdidas fiscales. El proyecto también pone énfasis en actualizar ciertos montos tributarios que habían quedado desactualizados debido a los procesos inflacionarios de los últimos años, fundamentalmente, Ingresos Brutos. A su vez, simplifica y moderniza la aplicación de gravámenes como el Impuesto de Sellos, introduciendo una alícuota única y facilitando su determinación.
Si bien los dictámenes fueron respaldados por una amplia mayoría, algunos legisladores de la oposición expresaron su rechazo argumentando que se trata de "un nuevo impuestazo". Esa es la postura, por ejemplo, del radical Agustín Romano Norri, quien le pidió al Gobierno que deje "de saquear a los contribuyentes”. “Tucumán es uno de los que lideran el triste ránking de presión fiscal del país”, agregó.
El parlamentario se refirió además a "las trabas que impone" la Dirección de Rentas para devolver el dinero a los contribuyentes "que pagan tres veces ingresos brutos por la misma operación". “Te cobran percepciones a los ingresos brutos, retenciones y también cuando te depositan en la cuenta corriente. Rentas se puede tomar todo el tiempo que quiera para revisar todas las declaraciones juradas para evitar devolver el saldo a favor, pero el contribuyente no tiene las mismas condiciones. Estamos ante una norma ilegal e inconstitucional”, denunció.
“Mientras Jaldo sintoniza el discurso del gobierno nacional, en los hechos hace todo lo contrario. En vez de incentivar inversiones y desburocratizar el Estado, hace todo lo contrario”, reclamó. Por último, cuestionó que el gobierno imponga trabas en los recursos de apelación de los contribuyentes. “Hay una clara violación al derecho de defensa de los contribuyentes, toda vez que se pretende limitar o impedir el uso de la vía recursiva mediante el pago de una elevada sobretasa (4%)”, concluyó.
La opinión de comerciantes
Esta semana la Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán fijó su postura sobre ambos proyectos, los cuales rechazaron por considerar que agravan la presión fiscal sobre los contribuyentes. "El punto más importante es el aumento del impuesto mínimo de Ingresos Brutos (IIBB). Esto incrementaría las tasas de los tributos que pagamos. Las alícuotas de IIBB son las más altas del país", se quejó Julio Heredia, referente de la Cámara.
En este marco, explicó que solicitarán una audiencia con los legisladores, a quienes buscarán trasmitirles sus inquietudes. "Nos tienen que dar las respuestas que nunca nos dan. Esto se tiene que trata con mucha delicadeza, porque esto ya pasa a ser una presión fiscal estúpida", agregó.
Heredia consideró que actualizar tributos en un momento crítico, como el que atraviesa el país, será contraproducente para toda la sociedad. "Toda esa suba de impuestos recae sobre el consumidor. No sabemos cuál es el propósito de esto, quizás para pagar una Tarjeta Alimentar Independencia, algo que no sirve de nada. No le sirve a nadie de la población que se aumente la presión tributaria", sentenció.