El escándalo de Vicentin sumó un nuevo capítulo con una serie de allanamientos que sacudieron el norte de Santa Fe. La Justicia provincial, en el marco de una causa por presunta estafa y delitos económicos, ordenó más de 20 operativos en simultáneo en las ciudades de Reconquista, Avellaneda y Ricardone.

La investigación busca esclarecer las maniobras financieras que llevaron a la empresa a una cesación de pagos multimillonaria en 2019, afectando a productores, cooperativas y entidades bancarias.

El fiscal Sebastián Narvaja, de la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación, lideró la acción judicial con el objetivo de obtener pruebas sobre la presunta administración fraudulenta de la compañía.

Se allanaron domicilios particulares y oficinas comerciales, donde se incautaron documentos contables, computadoras y dispositivos de almacenamiento. Además, se emitieron órdenes de detención para al menos cuatro personas allegadas a la familia fundadora de la empresa, incluyendo a Daniel Buyatti, ex presidente de Vicentin, y a Roberto Gazze, integrante del directorio.

Los allanamientos son derivaciones de la causa que llevan adelante Narvaja y su colega Miguel Moreno desde 2020.

Según explican fuentes judiciales, los fiscales reunieron abundante evidencia sobre maniobras fraudulentas en la operatoria de la compañía. Lo cierto es que la causa que involucra a Vicentin es una de las investigaciones económicas más relevantes de los últimos años.

La empresa, que llegó a ser una de las principales agroexportadoras del país, se declaró en "estrés financiero" a finales de 2019, dejando un pasivo superior a los u$s1.300 millones.

El default golpeó especialmente a pequeños y medianos productores, quienes todavía esperan respuestas. Mientras tanto, el concurso de acreedores llegó en 2020 y hasta el momento el proceso continúa abierto ante presentaciones judiciales de gran parte de los acreedores damnificados.

Por su parte, la investigación en la justicia hoy se centra en posibles fraudes cometidos por los exdirectivos de Vicentin en perjuicio de sus acreedores.

La causa se nutre principalmente de información proporcionada por bancos extranjeros, que denuncian una estafa superior a los u$s500 millones, así como por acreedores comerciales.

El consorcio de acreedores financieros externos de la agroexportadora incorporó 39 anexos a su denuncia, destacándose un informe firmado por Roberto Gazze, entonces director financiero de la compañía.

Según los bancos, en ese documento se evidencia el falseamiento de información para obtener préstamos, presentando un ratio de liquidez que no reflejaba la verdadera situación financiera de la empresa.

En este marco, en octubre de 2021, los fiscales Narvaja y Moreno imputaron a trece ex miembros del directorio de Vicentin por estafa contra productores, acopios y bancos, así como por acciones de defraudación y la aprobación de balances falsos.

Las acusaciones detallaron y ampliaron imputaciones formuladas previamente, resaltando la planificación y comisión de una pluralidad de delitos, entre los que se encuentran defraudación, estafas y administración infiel.

Según la fiscalía, la asociación ilícita habría operado desde 2017, simulando una solvencia financiera que les permitió obtener líneas de crédito y captar granos, mientras se administraban infielmente los recursos de la empresa.

Además, en abril de 2022, la Fiscalía de Delitos Económicos de Rosario imputó a directivos de Vicentin y de Renova por administración fraudulenta en perjuicio de la empresa Commodities SA.

La investigación se centró en el destino de 55.000 toneladas de granos que Commodities entregó en 2019 a la planta de Renova en Timbúes, las cuales fueron traspasadas sin autorización, generando un perjuicio estimado en u$s23,7 millones./ambito.com