Con la ausencia de La Libertad Avanza y sus aliados del Pro y la UCR, la oposición en la Comisión de Acción Social y Salud Pública de Diputados avanzó con el dictamen de un proyecto de ley que propone declarar la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027.
La iniciativa impulsada por el diputado Daniel Arroyo, que reunió un total de 21 firmas y había obtenido previamente despacho en la Comisión de Discapacidad, deberá pasar ahora por Presupuesto y Hacienda, comandada por el oficialista José Luis Espert.
Ante la resistencia de LLA, varios legisladores anticiparon la intención de votar un emplazamiento a Presupuesto en el recinto en la próxima sesión que haya.
El proyecto busca establecer diversas medidas de protección y promoción de derechos; garantizar el financiamiento adecuado de las pensiones no contributivas; fortalecer los prestadores básicos; garantizar el presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad y sostener el cupo laboral para personas con discapacidad, entre otros puntos.
Además, la propuesta introduce modificaciones a distintas leyes para armonizarlas con las disposiciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Impulsor del proyecto y presidente de la Comisión de Discapacidad, el diputado de Unión por la Patria, Daniel Arroyo, sostuvo que “emergencia significa darle prioridad presupuestaria a la atención a la problemática de la discapacidad” y “lleva a obligar al Estado Nacional a darle prioridad a un esquema puntual”.
“Se están dando muy pocas prestaciones para las personas con discapacidad. Tenemos dificultad con el transporte. Hoy se les paga a los transportistas menos de la mitad del valor del litro de nafta, con lo cual alguien que tiene que hacer un tratamiento cinco días a la semana, lo llevan dos”, graficó y mencionó que además hay “problemas serios en materia de educación” con gran rotación de asistentes que acompañan a los alumnos. También se suma “el retraso claro en el acceso a los medicamentos”.
El exministro de Desarrollo Social precisó que hay 1.200.000 personas que “acceden a una pensión por discapacidad, que es el 70% de la jubilación mínima”.
“Está bien, hay que hacer una auditoría, es evidente que hay personas que accedieron a pensiones que no les correspondían. Pero llevamos 15 meses y estamos en un promedio de 300 mil cartas documento”, señaló y afirmó que “se está haciendo un proceso de ajuste absolutamente brutal”.
Arroyo sumó que, a todo esto, la Agencia Nacional de Discapacidad “pasó de la Jefatura de Gabinete al área de Salud; en un concepto que retrocede más de 100 años”.
El legislador apuntó que las pensiones deberían actualizarse por inflación, pero que en su opinión el proyecto no debería pasar por la Comisión de Presupuesto, “porque no hay presupuesto este año. No estamos creando ningún hecho nuevo en términos fiscales”, sino que se trataría de reasignación de partidas./parlamentario.com
