El Gobierno nacional fijó el nuevo salario mínimo docente (SMD) en $500.000 desde febrero, de manera unilateral al no contar con el acuerdo de los gremios, mediante la Resolución 381/2025 publicada este miércoles en el Boletín Oficial. La decisión del Ejecutivo se da tras el fracaso de la instancia de diálogo con los sindicatos en la Comisión Negociadora del Convenio Marco que se reunió a mediados de febrero para evaluar el aumento propuesto por la asamblea del Consejo Federal de Educación.
En este marco, la normativa dispuso “determinar un salario mínimo docente para el cargo testigo de maestro de grado común, jornada simple, sin antigüedad o equivalente en horas cátedra, a partir del 1 de febrero de 2025, de $500.000”. De esta manera, la remuneración mínima docente se incrementó un 19% frente al valor previo de $420.000, que había sido fijado en agosto del año pasado, también en discordancia con la postura sindical.
A partir de esta decisión, el Gobierno Nacional completó una actualización del 100% en el mínimo garantizado desde que asumió el presidente Javier Milei, en diciembre del 2023. En aquel momento, y producto de un acuerdo suscrito con los sindicatos en septiembre de ese año, el SMD se ubicaba en $250.000. Conviene recordar que, además, ese fue el último mes que se abonó el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que había sido fijado en $28.700 por la gestión de Alberto Fernández.
La suba dispuesta por la gestión mileista quedó bastante por debajo de la inflación del período. Según el índice que mide el Indec, entre enero y diciembre del 2024, la suba de precios fue del 117%. A eso se suma el 4,7% de los primeros dos meses de este año y el brusco salto del IPC durante el primer mes del gobierno de Javier Milei, cuando los precios treparon un 25%. Si el SMD hubiera seguido el ritmo inflacionario, el monto actual sería de $709.996, lo que equivale a un 41,9% más que lo establecido por la Resolución 381/2025. De igual modo, en febrero 2025, se debería haber abonado por concepto FONID unos $81.505 para compensar el efecto de la inflación.
Aún si se dejara fuera de la ecuación la variación del IPC de diciembre 2023, lo que implicaría ignorar al peor mes en cuanto aumento de precios de las últimas 2 décadas, la actualización decidida de manera unilateral por el Gobierno resulta significativamente más baja que la variación del índice de precios acumulada entre enero 2024 y febrero 2025. En este caso, para compensar el efecto inflacionario, el mínimo garantizado debería ubicarse en torno a los $567.997, lo que equivale a un 13,5% más que el monto actual. En tanto que el FONID debiera ser de $68.270.
Al fijar un salario mínimo relativamente bajo el Gobierno busca sostener su política de recorte del gasto público nacional, evitando desembolsar fondos en las provincias para compensar desfasajes salariales entre los docentes de los diferentes distritos, tal y como lo establece la ley de Financiamiento Educativo (N°26.075).
En su artículo 9, la mencionada normativa establece que el Gobierno Nacional deberá destinar partidas para el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente, "cuyo objetivo será el contribuir a la compensación de las desigualdades en el salario inicial docente en aquellas provincias en las cuales se evalúe fehacientementeque, a pesar del esfuerzo financiero destinado al sector y de las mejoras de la eficiencia en la asignación de los recursos, no resulte posible superar dichas desigualdades".
En este sentido, el salario mínimo es el importe que se toma de referencia para dar cumplimiento a las transferencias a las provincias que integran este programa. Ante el atraso deliberado de ese monto, durante el 2024 todas las provincias superaron -en algunos casos con creces- el importe fijado como mínimo garantizado para febrero de este año. Esto implica para el Gobierno Nacional un ahorro en este concepto, ya que no habrá administraciones provinciales que necesiten asistencia para elevar el salario inicial docente por arriba de una suma que ya superaron en 2024. De este modo, el salario mínimo nacional pierde razón de ser y se consolida el camino que viene recorriendo el Gobierno con el objetivo de eliminar definitivamente la paritaria federal y de eludir cualquier tipo de responsabilidad financiera sobre los gastos del sistema educativo.
