Docentes, sindicalistas y organismos de Derechos Humanos rindieron homenaje este miércoles a Isauro y Arturo Arancibia, asesinados el primer día de la dictadura genocida, el 24 de marzo de 1976. El evento fue realizado en el sitio histórico ubicado en Congreso y Las Piedras, antigua sede del gremio que supieron encabezar los hermanos Arancibia hasta el día de su asesinato. Participaron dirigentes de la CGT, de la CTA-T y la CTA-A, de CTERA y de APEMyS, además organismos de derechos humanos y mujeres sindicalistas de todo el país.

Durante la jornada, una delegación de CTERA, ATEP y APEMyS se presentó ante el Tribunal Oral Federal, donde el Secretario del Juzgado interviniente recibió el reclamo de ponerle fecha de manera urgente a la realización del juicio y el avance de las declaraciones de testigos en la causa por delitos de lesa humanidad. Se trata de instancias clave en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia.

Los hermanos Arancibia fueron fusilados en las primeras horas de la dictadura genocida que asoló al país entre 1976 y 1983. Isauro era en aquel tiempo Secretario General del gremio de los docentes tucumanos (además de fundador de CTERA) y al momento de su muerte llegaba junto a su hermano Arturo a la sede, que además era su hogar. Según la fiscalía que investigó los asesinatos, los hermanos ingresaron a la sede, cuando de pronto una patota de la Brigada de Investigaciones de la policía provincial llegó al lugar en tres móviles. El pelotón rompió la puerta y abrió fuego. Isauro recibió 120 disparos y Arturo, 70.

"No vamos a permitir que se borre la historia ni que se reivindique a los genocidas. La resistencia es un deber ético y político. Como docentes, tenemos la responsabilidad de transmitir la verdad y seguir luchando por justicia por Isauro y Arturo Arancibia", señaló el dirigente de CTERA, Roberto Baradel, quien reafirmó el compromiso de la Confederación de "seguir luchando, resistiendo el negacionismo que el gobierno de Javier Milei intenta propagar y rechazamos cualquier intento de reivindicar a los genocidas".

Por la causa se encuentran imputados tres policías provinciales retirados y el exjuez federal Manlio Torcuato Martínez, que ya cuenta con condenas por crímenes de lesa humanidad. Según describieron los fiscales Pablo Camuña y Carlos Brito, el día cero del último golpe de Estado que vivió el país, los hermanos Arancibia llegaron a su casa en la capital tucumana, que también funcionaba como sede de la ATEP, de la que ambos eran dirigentes. Era de madrugada y las luces de la calle estaban apagadas. Cuando los hermanos ingresaron a la casa, una patota de la Brigada de Investigaciones de la policía provincial llegó al lugar en tres móviles. Hubo un acta en la que quedaron registrados los nombres de los participantes del pelotón que rompió la puerta y los fusiló.

Según el requerimiento fiscal, el objetivo de la Brigada de Investigaciones era secuestrar a los dirigentes gremiales docentes. El “fuerte tiroteo que duró escasos minutos” terminó con el asesinato de los Arancibia, “quienes presentaban numerosos impactos de bala”. Para los fiscales, Francisco Isauro y Arturo René fueron fusilados. Los policías retirados Mario Escalada, Jorge Ragonese y José Sánchez son los únicos integrantes de la Brigada de Investigaciones que participaron de los hechos que, al día de hoy, permanecen vivos. La acusación formal por la que piden sean juzgados en juicio oral y público es violación de domicilio, homicidio calificado y asociación ilícita. En el acta policial también figuran otros participantes del “pelotón”: Dulio Figueroa, jefe de inteligencia policial; Luciano Rodríguez, comisario; agentes Héctor Amaya, Félix Heredia, Julio Coria, Ignacio del Valle Suarez Ledesma, José Vázquez. Pero al día de hoy, se encuentran todos fallecidos.

La investigación también alcanzó la actuación de Martínez, quien al momento de los hechos era juez federal y tuvo a su cargo el expediente por las muertes de los Arancibia. “La investigación policial formalizó un procedimiento fraguado, y la judicial sólo acogió esta versión policial, dictando resoluciones contrarias a la ley sin haberse realizado medidas conducentes a la verdad de lo sucedido y a la determinación, enjuiciamiento y sanción de sus autores”, determinaron los fiscales. Martínez se basó en la información del registro policial, no ordenó siquiera autopsia a los cuerpos de los hermanos Arancibia antes de ordenar su entrega a la hermana de ellos, Italia Arancibia, y cerró la causa.

Para los fiscales, el juez federal Martínez “ocupó una posición relevante y ejerció un rol central dentro del aparato clandestino e ilegal montado sobre el estado con el propósito de perseguir y exterminar opositores políticos por medio de la comisión masiva de crímenes lesivos de la humanidad en la provincia asegurando la impunidad de los perpetradores”.

Varias décadas de letargo

La Justicia tardó 20 años desde el retorno a la democracia en dar los primer pasos para investigar la muerte de los hermanos Arancibia. Recién en 2003 se abrió un expediente y se dio inicio a la etapa de instrucción, que derivó, unos 20 años después, en 2023, en el requerimiento de elevación a juicio. En el medio, hubo varias idas y vueltas que garantizaron la impunidad biológica de la mitad del pelotón de fusilamiento.

En 2007, ya estaban identificados y fueron procesados todos los integrantes de la patota que actuó ese día. Pero a partir del 2009, la atención del Juzgado se centró en las responsabilidades de Jorge Benjamín Menéndez y de Antonio Domingo Bussi y se dictó faltas de mérito para la mayoría de los policías que habían sido procesados. Recién en 2019 la Cámara Federal de Apelaciones tucumana le ordenó al juzgado revocar los sobreseimientos y las faltas de mérito repartidas, y en 2021 el titular del Juzgado Federal número 2 de la provincia, Fernando Poviña, procesó a los policías que quedaban con vida.

En diciembre del 2023, los fiscales Brito y Camuña solicitaron que la causa se eleve a juicio, al considerar que contaban con los elementos probatorios suficientes para avanzar con el debate oral y público. Desde ese momento, el caso se mantiene virtualmente paralizado y a la espera de que el juzgado fije una fecha para el inicio del juicio.