En la antesala al paro general anunciado por la CGT, un sector de la oposición en Diputados retomó este martes el debate por la reforma sindical, puntualmente el eje del encuentro fue sobre la eliminación de la llamada “cuota solidaria”.

Fue en el marco de una reunión de la Comisión de Legislación del Trabajo, presidida por el radical Martín Tetaz, quien anunció que la próxima semana se llevará a cabo un encuentro de carácter informativo y, la siguiente, intentarán sacar un dictamen.

Tetaz aclaró que los proyectos presentados puestos en debate proponen modificar el artículo 9 de la Ley 14.250 y el artículo 37 de la 23.551 que tienen que ver con la famosa “cuota solidaria” que son “descuentos que los trabajadores reciben en sus recibos de sueldo y no han sido expresamente autorizados por el trabajador”.

Tras ser ungido como secretario de la comisión, el diputado de UP José Gómez (Santiago el Estero) le aclaró que “todo lo que hace a la acción sindical está aprobado a través de asambleas o convenios colectivos de trabajo”.

Al tomar la palabra, el diputado monobloquista Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) explicó que en su iniciativa propone la eliminación de los aportes obligatorios de quienes no son afiliados y no han consentido las contribuciones. Así, sostuvo que en los convenios internacionales se prevé “el pluralismo sindical” y que “no se debe usar el poder coactivo del Estado para servir a organizaciones”.

Por la Libertad Avanza, se manifestó la diputada Marcela Pagano quien contó que su iniciativa fue presentada en octubre y propone darles la posibilidad a los empleadores de lo que puedan elegir qué hacer con los recursos que consideran que deben retribuir como capacitación o beneficios a los empleados.

“En mi proyecto planteo que los aportes, que hoy son obligatorios en materia de capacitación y seguros, pasen a ser voluntarios”, precisó. Pagano contó que ha recibido denuncias por parte de empleadores y que les han comentado que “los fondos del 0,5% del sector de comercio, por ejemplo, no fueron a la capacitación. Desde el 2008 no cuentan con un solo empleado que haya recibido capacitación alguna, siendo que está esta obligación que fue homologada en la paritaria con el Ministerio de Trabajo. El beneficio que tiene que ser para el empleador y empleado no está ocurriendo y los fondos están yendo a algún lugar, pero nadie responde qué hacen con los fondos”.

La libertaria propuso que se “investiguen el destino de estos costos ocultos”, y preguntó: “¿A dónde va financieramente el dinero que se aporta en tiempo y forma? ¿cómo se capitaliza? Me pregunto si tenemos la legislación eficiente para que los fondos sea realmente el destino final las capacitaciones y no sean manos que manosean fondos y se los quedan para beneficios d algunos pocos”.

Así, insistió en que el aporte debe ser voluntario y que se investigue qué se hace con los fondos.

De la vereda de enfrente, el diputado Pablo Carro (UP) le planteó que si de las Cámaras Empresarias hay denuncias de malversación de fondos deben ir a la justicia para que “no sea una discusión ideológica”, en el mismo sentido se manifestó López Murphy.

Por su parte, como integrante del sindicato del gas y petróleo privado, el diputado chubutense Jorge Ávila (Encuentro Federal) le retrucó a Pagano y se defendió: “A todos los trabajadores nuestros los capacitamos. Hacemos balance y presentación de eso. Vamos con la documentación. Nosotros nos manejamos así porque si no se prepara al empleado no se puede trabajar, esa es la virtud de los fondos”, y apuntó: “No tiene coherencia el proyecto que estás presentando”.

Ávila criticó: “No es un proyecto que nos va a cambiar la idea de ver el gremialismo. Busquen una mejor acción, de que su gobierno controle mejor. El proyecto que está presentando es ilógico, por eso no lo vamos a votar”.

El diputado nacional y uno de los secretarios generales de la CTA, Hugo Yasky (UP), criticó que la mayor cantidad de proyectos “parten de desconocer lo que es la base jurídica del Estado de derecho que garantiza la autonomía y libertad sindical”.

En tanto, cuestionó el proyecto de López Murphy y sostuvo que “lo que propone es absurdo porque la OIT plantea desde su inicio es el respeto a las decisiones que toman los sindicatos que están fiscalizadas por el orden público”.

Yasky defendió la cuota solidaria: “Desconocen que son decisiones que toman los propios trabajadores en uso y práctica de su autonomía. Los sindicatos son organizaciones libres y no pueden estar sometidas a la lógica de un Estado”, y comparó que en Europa existe la cuota solidaria.

Así, desmintió que el sindicalismo impone la afiliación: “Es todo mentira, en Argentina la afiliación es voluntaria”.

En ese sentido, apuntó que el oficialismo “necesita recursos para la campaña”.

“Se está aplicando una doble vara que, además, es violatoria de la ley. Hay un solo proyecto de este paquete que contemplaba alguna medida que favorecía a los trabajadores fue excluido. Quizás se debe al clima de época de la comisión”, denunció Yasky.

Lejos de quedarse callado, López Murphy le contestó: “Es una cosa anómala que permanezcan por décadas los mismos representantes a cargo”, y sumó: “La idea de que un grupo corporativo le imponga a las personas que no pertenecen, contribuciones forzosas, es inaceptable”.

A su turno, Carro chicaneó al diputado de Encuentro Federal: “Inaceptable es firmarle un DNU al presidente para que acuerde con el FMI pese a que la Constitución dice que lo tiene que hacer el Congreso por ley”.

“Es un delirio desde mi punto de vista que se quiera reventar una legislación nacional que ha sido de mucha utilidad”, cuestionó Carro y sumó: “Necesitamos la opinión de las Cámaras Empresarias, no se tienen que meter con la vida de los sindicatos porque estos fondos son de muchísima utilidad. No conozco empresarios que estén en contra de esto, si conozco políticos que ideológicamente están en contra de esto”.

El dirigente sindical de SMATA Mario Manrique (UP) cuestionó que “hay una visión distorsionada de las cosas porque parece que hablan de una mafia organizada y fuéramos apunto de pistola a firmar acuerdos”, y defendió: “Todo lo que discute el sindicato es en beneficio de todos los trabajadores, afiliados o no”.

Manrique señaló que el eje de la discusión es si se está a favor o en contra del sistema sindical del país. “Lo que buscan todos estos proyectos es desfinanciar a los sindicatos. No buscan mejorarle la calidad de vida a los trabajadores, la productividad a empresarios, abaratamiento de los costos para la creación de empleo”, apuntó y agregó: “Se está usando de excusa los aportes y contribuciones sindicales, pero se está poniendo en duda el sistema gremial”.

Manrique disparó contra el oficialismo: “Si algo no funciona, hay que hacerlo funcionar no eliminarlo porque si no es la ley del menor esfuerzo que es lo que el Gobierno no hace, eliminan lo que dicen que no funcionan. Son unos vagos, no quieren laburar. Hay que hacer funcionar al país cumpliendo las leyes que ya están, no creando nuevas”.

Desde el bloque Pro, Gerardo Milman señaló: "Nosotros venimos a defender los intereses del pueblo y una gran parte de eso son los trabajadores, no tenemos que venir en función de si somos empresarios, sindicalistas, venimos como diputados".

En ese sentido, el diputado afirmó que “estos aportes afectan la capacidad de ingresos de los trabajadores”, al tiempo que bregó por “una ley de modernización laboral” con el fin de “sacar de la informalidad a muchos trabajadores”.

En tanto, la diputada Soledad Carrizo (UCR) manifestó que “es fundamental reformar el sector del sindicalismo no solo en su representación sino respecto a la cuota sindical”, al tiempo que apoyó “la eliminación de la obligatoriedad del aporte".

En la misma línea, Agustín Domingo (Innovación Federal) coincidió con su par en la “necesidad de una modernización laboral"./parlamentario.com