Con el objetivo de emitir dictamen sobre un tema que ocupa la agenda del Poder Ejecutivo en el Congreso, se convocó para este miércoles a las 17.30 a un plenario de cuatro comisiones para tratar la propuesta de modificación del régimen penal juvenil, que cuenta entre sus principales aspectos con la baja de la edad de imputabilidad.

En un primer momento el encuentro se había citado dos horas y media antes, pero atento al llamado de sesión que hay para ese día, se postergó el horario. Según supo parlamentario.com, habría un acuerdo entre los bloques para que, en caso que la sesión reúna quórum, se concluya antes del horario del plenario de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda.

El temario incluye el proyecto enviado por el Gobierno nacional el año pasado, que propone que los menores que delinquen sean responsables penalmente a partir de los 13 años. En la actualidad es desde los 16. La mayoría de los otros proyectos proponen reducir la edad a 14 años.

En total, hay 14 proyectos sobre la mesa, correspondientes al Pro, la Coalición Cívica, Producción y Trabajo, La Libertad Avanza (el del mendocino Álvaro Martínez, que contempla los 12 años), Democracia para Siempre, UCR y Transformación. Además, dentro del paquete hay cuatro de Unión por la Patria: tres mantienen la edad actual y uno, el de diputados massistas, plantea los 14 años.

De acuerdo a fuentes parlamentarias consultadas por este medio, habría un dictamen de consenso en el que trabajan hace tiempo el oficialismo y los bloques dialoguistas, pero del cual no se conocen hasta ahora mayores detalles.

El último plenario sobre el tema, convocado luego del pedido que hiciera el presidente Javier Milei en su discurso ante la Asamblea Legislativa, y motorizado por la coyuntura del caso Kim Gómez -una niña asesinada por dos menores en La Plata- que conmocionó semanas atrás, se realizó el pasado 12 de marzo.

En lo que respecta al proyecto del Poder Ejecutivo, se propone un régimen penal aplicable a adolescentes de 13 a 18 años, bajando así la edad de imputabilidad de los 16 a los 13 años. Esto regirá para cuando fueran imputados por delitos tipificados en el Código Penal o leyes penales especiales.

Se define que la finalidad será "fomentar en el adolescente el sentido de la responsabilidad legal por sus actos" y "lograr su educación, resocialización e integración social".

De acuerdo a la iniciativa, las penas privativas de la libertad serán: en el domicilio; en un instituto abierto; en un instituto especializado de detención, o bien en una sección separada de un establecimiento penitenciario.

Estará "prohibida la imposición de las penas privativas de la libertad de reclusión perpetua y de prisión perpetua”, siendo el plazo máximo de las penas privativas de la libertad de 20 años
Además, prevé penas tales como: amonestación, prohibición de contacto o de aproximarse a la víctima.

También, la prohibición de conducción de vehículos; prohibición de concurrir a determinados lugares; prohibición de salir del país y prestación de servicios a la comunidad. Asimismo, se contempla una serie de medidas complementarias como programas educativos, deportivos, de capacitación laboral, entre otras.