Las empresas que brindan los servicios de energía eléctrica (EDET) y de agua potable y cloacas (SAT) le solicitaron al ERSEPT que se impulse una revisión de los cuadros tarifarios para compensar la variación de precios de la economía y su impacto en los costos de prestación de servicio. En el caso del servicio de energía eléctrica el proceso está próximo a iniciar su segunda etapa, mientras que para la SAT la etapa de consulta finalizó el viernes 4 de abril, por lo que la aplicación de la suba es inminente.
Las consultas documentadas son un instrumento creado por la ley N° 8.479, que no tiene caracter vinculante y cuya única función es habilitar la participación cuidadana, que se realiza vía mail, en los procesos de revisión de los valores que los usuarios abonan por los servicios. Una suerte de protocolo aplicable por ley para otorgar legitimidad a los tarifazos extraordinarios y que solo atiende a las variaciones de los precios en períodos puntuales. Habitualmente, las CPD se realizan en dos etapas, al término de las cuales el ERSEPT emite una resolución fijando los nuevos valores de las tarifas. En este sentido, el ente ya se encuentra en condiciones de fijar una posición respecto al pedido de aumento de la SAT, mientras que EDET deberá esperar hasta pasado el 25 de abril, cuando finaliza la consulta.
La CPD es rechazada por amplios sectores de la sociedad y ya motivó en el pasado varias presentaciones judiciales que abogan por la declaración de inconstitucionalidad del artículo 18 inc. 1 de la ley 8.479. Dicho artículo determina la posibilidad de realizar revisiones tarifarias sin convocar a audiencias públicas, permitiendo a las empresas actualizar sus precios mediante un proceso más simple, y sin la necesidad de exponerse y de escuchar reclamos cara a cara.
Durante la consulta solicitada por la SAT, la Defensoría del Pueblo (único participante además de la empresa y el Ente) ratificó su postura en contra de este instrumento por entender que cercena "el derecho de participación y la información de los usuarios del servicio en violación al artículo 42 de la Constitución Nacional, dejando sin efecto el procedimiento de Audiencia Pública (AP) para revisión del cuadro tarifario". En este sentido, recordó que existe una causa en curso en la Sala II del fuero Contencioso Administrativo provincial y que a su entender, hasta no resolverse el juicio, el ERSEPT debería abstenerse de convocar a consultas públicas.
Pero además del planteo de inconstitucionalidad, la oficina del ombudsman considera que los actuales procesos de revisión carecen de legitimidad por encontrarse "formalmente vacante el cargo de Representante de los Usuarios" en el Ente. Si bien desde el ERSEPT informaron que se encuentra designada para esa función la Sra. Silvia López, según la Defensoría, López cesó formalmente de sus funciones en 2023 sin que se comunicara oficialmente a su reemplazo. Este no es un dato menor, ya que la misma ley que da origen al instrumento (8.479) establece que la figura del Representante de los Usuarios debe velar por el cumplimiento de los servicios de asesoramiento y tutela que la normativa prevé.
Rechazo y marcha de usuarios al ERSEPT
Por todo lo mencionado, desde la Federación de ONG en Defensa de los Consumidores (Fodecus) convocaron a movilizar este martes en las puertas del Ente (Córdoba 560), para protestar en contra de los tarifazos que se vienen y reclamar por la ilegalidad de la CPD. Al igual que la Defensoría del Pueblo, la ONG considera que el único proceso legalmente válido para autorizar una actualización tarifaria es la Audiencia Pública. Por tal motivo, decidieron desconocer la convocatoria. "Vamos a impugnar que se realice una convocatoria semi-pública, en donde no participa nadie. Solamente se inscribe la Defensoría del Pueblo, porque todos saben que es una estafa que esto se haga en formato virtual", señaló el titular de Fodecus, José García.
La misma postura sostiene la asociación Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), desde donde, sin embargo, decidieron inscribirse en la CPD para poder dejar sentado su rechazo a cualquier aumento autorizado por un mecanismo que no sea la AP. "Vamos a solicitarle al ERPSET que se lleven a cabo audiencias públicas y no consultas documentadas, porque estas últimas no garantizan la participación efectiva de la ciudadanía, que es la que otorga legitimidad a las tarifas. Planteamos la necesidad de una audiencia real y masiva", contó a este medio Crenco Mejías, presidente de la asociación.
Por otro lado, ambas ONG rechazan cualquier incremento, por mínimo que sea, en las boletas de los servicios públicos, ya que entienden que a las empresas "se les ha otorgado demasiado" y que los tucumanos no tienen el poder adquisitivo para afrontar tarifas más elevadas. "Estamos en contra de cualquier aumento. En Tucumán se paga más del
doble que en otras provincias y por eso no corresponde que se otorgue
una suba más", sostuvo García. "Es terrible lo que está ocurriendo. La gente se acerca a pedirnos ayuda para pagar las boletas. No se les debe dar nuevos aumentos porque a la par de otros indicadores, la suba de los servicios ha sido terrible", sentenció Mejías.
