El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, llamó a sesionar el próximo martes, a las 14, para cumplir con la interpelación a integrantes del gabinete por el escándalo $Libra. Hasta aquí solo confimaron su asistencia el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Aunque no hubo confirmación, se da por descontada la ausencia del titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva, que a rigor de la verdad, no tiene rango de ministro, por lo que, a priori, no está obligado a concurrir.

Distinta es la situación del ministro de Economía, Luis Caputo, quien no tiene intenciones de brindar explicaciones a la oposición y preferiría arriesgarse a someterse a un juicio político, aunque sería inédito que eso ocurriera, por falta de antecedentes y porque el Gobierno confía en contar con los votos necesarios para blindar cualquier pretensión de la oposición más dura que vaya en ese sentido.

La oficialización de la reunión fue realizada este miércoles al caer la tarde a través de una nota que el secretario Parlamentario, Adrián Pagán, circuló a todos los diputados nacionales. Se trata de una interpelación, un método que solo fue utilizado dos veces en estos más de 40 años de democracia; la última vez en 1995, con el entonces ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo, que fue al Senado a declarar contra el fallecido empresario Alfredo Yabrán. Con la Constitución recién reformada, en esos tiempos no se consideraban las interpelaciones como un ataque directo al Gobierno, tal como fue entendiéndose con el correr de los años.

La convocatoria se hace en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional, que establece que “cada una de las cámaras puede hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes”.

Esta citación fue acordada a principios de este mes, a partir de la aprobación del proyecto de resolución correspondiente, por 128 votos positivos, 93 negativos y 7 abstenciones. En la previa, se eliminaron del texto original los nombres de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del vocero presidencial Manuel Adorni. En ambos casos se determinó así por entender que no tienen, al igual que Silva, la obligación de asistir, pues sus cargos no tienen rango ministerial.

El caso de Caputo es singular. El ministro es reticente a comparecer ante el Congreso. La única vez que lo hizo fue durante su paso por el gobierno de Mauricio Macri, cuando debió acudir a brindar explicaciones por el endeudamiento externo en el año 2018. El año pasado, Caputo se negó a presentar el Presupuesto 2025 y rechazó todas las invitaciones de la oposición para defender el proyecto en comisiones. Esta vez la citación no es opcional, porque se trata de una interpelación. Tampoco puede enviar a un secretario ya que la convocatoria es personal.

Sin embargo, su ausencia podría no ser penalizada, ya que la carta magna no contempla esa posibilidad y no existe tampoco ninguna ley especial que deje sentada sanción alguna. Lo que si se reconoce, y será la carta que probablemente jugará la oposición más dura, es que la interpelación a los funcionarios que tienen a su cargo "el despacho de los negocios de la Nación" forma parte esencial del sistema de contrapesos que establece nuestro sistema republicano. En ese sentido, su faltazo sí puede ser causal de acusaciones de incumplimiento de los deberes de funcionario público, motivo de un pedido de juicio político.

La tramitación de ese proceso debe iniciarse en la comisión pertinente de la Cámara de Diputados, a quien la constitución le reserva la atribución de acusar a los ministros, al presidente y su vice y a los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Dicha comisión aún no entró en funcionamiento desde el recambio de diciembre del 2023. La frustada elección de autoridades (Martín Menem no reconoce a Marcela Pagano como titular de ese cuerpo) paralizó sus funciones durante todo el 2024 y lo que va del 2025. Allí aguardan las múltiples presentaciones en contra del presidente Javier Milei, por lo que es de esperarse que el oficialismo intente obstaculizar lo máximo posible su conformación para no correr riesgos.

Pero de activarse esa comisión, y en caso de tener una mayoría dispuesta a admitir una evaluación de la conducta de Caputo (se necesitan 16 firmas sobre 31), serían habilitadas audiencias con testigos y pedidos de documentación, lo que le permitiría a la oposición mantener en agenda el caso $LIBRA durante todo el año. Esa es una situación no deseada por nadie en Casa Rosada, por lo que la opción menos riesgosa y costosa, llegado ese punto, sería la renuncia del ministro de Economía para evitar ese proceso.

De todos modos, la próxima semana debería comenzar a funcionar la comisión investigadora del criptogate, lo que asegura que el tema se mantendrá en la vidriera pública por unos meses. También allí el oficialismo apunta a bloquear el debate, para lo que necesitará el respaldo de los bloques aliados. Si logran convencer a suficientes diputados podrían lograr una paridad total de 14 a 14 en votos, y cómo las reglas que regulan el accionar de la comisión no contempla la posibilidad de desempate, se prolongaría el debate hasta alcanzar mayorías. Si eso nunca ocurriera, la investigación podría caer en saco roto.