Una de las consignas que el Gobierno de Javier Milei se regodea de mantener a rajatabla es la eliminación de la pauta publicitaria. La decisión que se anunció desde el día uno de esta gestión, por el término de un año, se extendió pasado el mismo, y todo indica que seguirá hasta el final de los tiempos de esta administración.
Pero entendiendo que esta medida cuenta con un resquicio por el cual sí puede canalizarse publicidad direccionada discrecionalmente es que un grupo de diputados radicales acaba de presentar un proyecto de resolución en el que se piden informes.
El proyecto está encabezado por Martín Tetaz y solicita a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas que se informe a través de su titular, Diego Martín Chaher, el destino de la pauta publicitaria de la empresa YPF, indicando cuánto dinero destina y a cuáles medios de comunicación y/o publicidad va dirigido.
Invoca para tal fin el artículo 71° de la Constitución Nacional y el artículo 204 del reglamento interno de la Cámara, y es acompañado por los diputados Karina Banfi, Fabio Quetglas, Natalia Sarapura, Roberto Sánchez, Gerardo Cipolini y Gabriela Brouwer de Koning.
En los fundamentos se hacen eco los diputados radicales de informaciones de los últimos meses y de un estudio realizado por Agustín España, investigador de Conicet y director de la maestría en Industrias Culturales de la Universidad Nacional de Quilmes, que hace referencia a un aumento de aproximadamente el 40% en gasto publicitario realizado por YPF.
“Si bien es cierto que el Gobierno prolongó la prohibición de la pauta oficial, una medida que va en línea con la discursividad intensa sobre políticas de austeridad fiscal que señala el presidente Javier Milei -señala el proyecto-, pareciera que la empresa de mayoría estatal YPF, que recibe fondos públicos a cambio de publicidad y fluye hacia medios privados de todo el país, no va en línea con el plan de austeridad señalado por el Gobierno”.
Además, continúa el proyecto de Tetaz, “el criterio de selectividad para la asignación de esos medios y los montos e importes destinados siguen resultando una incógnita”.
Tetaz resalta la importancia de la transparencia en el manejo de los fondos públicos, ya que “no hay información fehaciente sobre cuál es el destino de los fondos que se destinan a pautas publicitarias de la citada empresa, de la cual el Estado es parte”.
YPF se niega a respetar la ley de acceso a la información
Si bien durante 2024 el Gobierno nacional redujo al mínimo la publicidad oficial de la administración central, continuó pautando a través de algunas empresas con participación estatal mayoritaria como YPF, Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.
En este escenario, la compañía petrolera rechazó un pedido del Centro de Datos de Chequeado sobre los detalles sobre sus campañas publicitarias, desoyendo los dictámenes de la Agencia de Acceso a la Información Pública a favor de la solicitud de ese medio.
En 2024, YPF prácticamente mantuvo su gasto publicitario respecto a 2023 según datos presentados por la compañía en sus reportes financieros: sólo redujo un 4,4% en términos reales en relación al año anterior.
En términos reales, 2024 fue el tercer año con mayores gastos publicitarios desde la estatización de la empresa, sólo superado por 2022 y 2023.
Desde el área de Prensa de la compañía señalaron a Chequeado: “YPF es una empresa privada con capitales nacionales y que opera en la Bolsa de Nueva York, vende productos y tiene que competir en el mercado que está siendo muy competitivo este último año con otras compañías que producen y venden en el mismo segmento. Es por eso que hacemos publicidad”.
El 18 de septiembre de 2024 el Centro de Datos de Chequeado solicitó a YPF información sobre los gastos publicitarios realizados durante ese año y el detalle de los medios de comunicación, redes sociales y agencias publicitarias que recibieron esos fondos.
El 4 de octubre de ese año la compañía rechazó la solicitud alegando que no estaba obligada a brindar esa información por una excepción en la Ley de Acceso a la Información Pública, que exime de los alcances de la obligación de presentar estos datos a “una sociedad anónima sujeta al régimen de oferta pública”.
Frente a esto, Chequeado inició un reclamo ante la Agencia de Acceso a la Información Pública, sosteniendo que el artículo 7º de la misma ley obliga a brindar información pública a las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, condición que también cumple YPF.
Finalmente, la Agencia de Acceso a la Información dictaminó a favor de este medio, al considerar que la compañía posee un 51% de participación estatal, lo que la convierte en sujeto obligado a brindar información. Pero por el momento, la empresa no cumplió. Conviene preguntarse entonces, ¿qué buscan esconder?
